MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El juez que investiga al presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, por su posible participación en una trama de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, ha rechazado este miércoles la solicitud del PSOE de que se convocara una audiencia para acordar la prisión provisional comunicada y sin fianza del empresario.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, explica que para acordar la comparecencia de prisión se requiere que, al menos, «se aporten nuevos datos o hechos relevantes». Según el juez, «el instructor no está obligado a acordar la medida, pues aparte de vulnerar el derecho a la estabilidad procesal no existiría base jurídica suficiente para revisar una medida que ya fue decidida».
Asimismo, el juez precisa que la medida debe ser acordada con el fin de prevenir el riesgo de fuga, la reiteración delictiva o la destrucción de pruebas. En este sentido, aclara que de lo alegado por el PSOE o de lo actuado hasta el momento en la causa «no hay base para considerar que existan nuevos datos o hechos relevantes».
«Desde luego no lo son las entrevistas o comparecencias públicas que haya podido realizar el investigado, lo acontecido en el Tribunal Supremo o en el Senado, pues son cuestiones que no afectan a esta causa. Los ‘ataques’ al PSOE o a otras personas, así como si el señor Aldama colabore en otras causas, no suponen hecho nuevo alguno», subraya.
EL INFORME UCO SOBRE CALATAYUD
Respecto al informe de la Guardia Civil del 18 de diciembre, que indicaría que De Aldama habría recabado documentación de su hombre de confianza, Luis Alberto Escolano, durante un encuentro en Calatayud, el magistrado manifiesta que tampoco hay base para considerar este hecho como relevante, ya que, a pesar de lo alegado por el PSOE, no se puede afirmar que el investigado continúe cometiendo delitos o que haya ocultado pruebas.
El juez señala que «el hecho de reunirse con otros investigados no es relevante (no hay medida que se haya acordado al efecto), y el atestado solo indica un posible retorno de documentación que luego no se encontró». «Obviamente no puede deducirse, a falta de otros datos, que se estuvieran ocultando pruebas», enfatiza.
El magistrado añade que tampoco lo que la acusación del PSOE refiere del informe del 12 de diciembre de 2024 es relevante, ya que la persona mencionada en un párrafo no es el Sr. Aldama, sino a otro investigado, y actualmente no consta en la causa que se mantenga la comisión del delito por parte de dicho investigado.
Es importante recordar que el PSOE solicitaba «acordar la prisión provisional» del empresario ante «el riesgo en que se coloca el éxito de la investigación» mientras permanece en libertad.
En su escrito, los socialistas instaban al magistrado Santiago Pedraz a enviar a De Aldama a la cárcel «para evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento».
El PSOE criticaba que «las razones que auspiciaron esta puesta en libertad han sido defraudadas. La supuesta colaboración con la justicia ofrecida por Víctor de Aldama era una falacia. Sus imputaciones a terceros no han sido corroboradas con pruebas».
EL WHATSAPP DE ALDAMA
Este mismo miércoles se supo que De Aldama se oponía a la audiencia mediante un escrito en el que adjuntaba un whatsapp enviado al jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, Carlos Moreno, solicitando pagar la deuda de Pilot Real State, empresa de la que era administrador y que debía «550.000 euros», en varias partes: «Más o menos pondríamos 250.000 euros y el resto en un convenio a 5 años, si puede ser».
Subraya que la alegación política de que existe un «riesgo» para la investigación es «totalmente infundada», por lo que no ve necesario convocar una audiencia para decretar la prisión provisional comunicada y sin fianza.
Recuerda que al ser liberado el 21 de noviembre de 2024, luego de declarar voluntariamente, ya mostró «su voluntad de colaborar en todas las causas en las que se encuentra investigado para esclarecer los hechos».
La defensa de De Aldama argumenta que los datos que aportó «afectaban a miembros del Gobierno cesados, a los actuales y al número 3 del propio PSOE» –Santos Cerdán–, por lo que señala que esa formación como acusación popular «no tiene la autoridad para valorar la trascendencia de la colaboración, especialmente ya que afirman que lo dicho en esa declaración no se corresponde con la verdad, cuya veracidad se va demostrando paulatinamente con el tiempo».
«Además, Víctor de Aldama no es la UCO –Unidad Central Operativa de la Guardia Civil–, encargada de investigar las líneas de investigación que él indicó, tarea que está pendiente de concluir», concluye.
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