Indica que le imputan **delitos graves** y recuerda que ese dinero es «prueba de la actividad delictiva».
MADRID, 16 May. –
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha decidido mantener en **prisión provisional**, comunicada y sin fianza a Óscar Sánchez Gil, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), detenido hace semanas por narcotráfico, a quien se le encontraron cerca de 20 millones de euros escondidos en su casa.
En un auto, se confirma la decisión del magistrado que el pasado 12 de abril ratificó la prisión para Sánchez debido a presuntos **delitos de tráfico de drogas**, cometido por funcionario público, así como por organización criminal, cohecho activo y blanqueo de capitales.
La defensa de Sánchez apeló dicha decisión argumentando que no había tenido acceso a los elementos centrales de la causa, un argumento similar al presentado por otro investigado, Ignacio Torán. Es relevante mencionar que la Sala optó por excarcelar a Torán precisamente por este motivo.
La Sala de lo Penal aclara que el recurso de Sánchez se refería al auto que ratificó su prisión provisional, y no al inicial en el que se ordenó su ingreso en prisión. En este sentido, los magistrados apuntan que el auto recurrido se notificó cuando ya se había decretado el levantamiento del secreto casi total de las actuaciones para permitirle tener acceso a la causa y formular alegaciones.
«De este modo, garantizado el acceso a la mayoría de las actuaciones, en modo alguno puede considerarse que se le negó el acceso a los elementos necesarios para el pronunciamiento sobre su situación personal y para recurrir la adopción de la prisión provisional», argumenta la Sala.
«CANTIDADES ALTAS» DE DINERO
Por lo tanto, añade la resolución, «no cabe hacer comparación entre los motivos que determinaron la libertad de otro de los investigados y los que justifican esta situación, ni, por ende, se puede considerar infringido el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley».
El tribunal recuerda la doctrina del **Tribunal Constitucional** sobre el acceso a elementos esenciales de la causa y menciona que, en este caso, el auto de prisión destaca indicios de la involucración del investigado en actividades delictivas, evidenciada por los cuantiosos pagos recibidos a cambio de los servicios proporcionados.
Esto se confirma, según la Sala, por «el descubrimiento de cantidades extraordinariamente altas de dinero en efectivo, que constituyen prueba de la **actividad delictiva** y de los pagos recibidos, incluyendo las sumas halladas en su domicilio ocultas en dobles fondos en techos, paredes, y compartimentos ocultos diseñados específicamente, todos objeto de precinto judicial debido al volumen inquantificable en ese momento».
El análisis posterior cuantificó «las cantidades halladas en su segunda residencia en 448.110 euros en efectivo y en los muebles utilizados por él en la Jefatura Superior de Policía de Madrid en 896.400 euros en efectivo».
Referente a la finalidad de la prisión provisional, la Sala manifiesta que se justifica por los graves cargos imputados a un funcionario de Policía, cuya existencia parece confirmarse por los montos mencionados en metálico, que difícilmente pueden corresponder a su salario como funcionario, sugiriendo un origen ilícito, lo que genera un «evidente» riesgo de eludir la acción de la justicia.
«Su supuesta participación en una organización delictiva y las elevadas cifras de dinero que parece manejar podrían facilitar su huida al extranjero o su ocultación en España, buscando evitar enfrentar graves penas de prisión. Además, su arraigo familiar no sería un freno significativo ante ese riesgo, dada la gravedad de las consecuencias sociales y profesionales que puede acarrear una condena por tales hechos, sobre todo tratándose de un funcionario público», concluye el auto.
Para más información sobre el caso, consulta delitos económicos y justicia y prisión.
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