BADAJOZ 29 Ene. –
El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha requerido a la Presidencia del Gobierno que «a la mayor brevedad» posible le proporcione información sobre los puestos que haya ocupado Luis María Carrero en esa institución, los contratos laborales firmados, su fecha de inicio y final, así como el motivo y fecha de la finalización de su relación laboral.
Así lo establece un auto emitido por la jueza Beatriz Biedma, que ha permitido el acceso a información referente a Luis Carrero, trabajador de la Diputación de Badajoz como colaborador de David Sánchez, y que anteriormente trabajó en La Moncloa.
Además, la jueza ha ordenado consultar al Teatro Real de Madrid si David Sánchez Pérez-Castejón «ha tenido o tiene cualquier tipo de relación laboral con dicha institución», así como si ha ocupado o ocupa algún cargo en cualquier órgano. En caso afirmativo, también se solicita detallar las remuneraciones que le hayan sido abonadas y si existen acuerdos o convenios entre el Teatro y la Diputación de Badajoz desde septiembre de 2016 hasta la actualidad.
En este auto, se ha citado a declarar como testigos a Álvaro Jaén, quien era coordinador de Podemos Extremadura en 2017 y el 3 de julio de ese año denunció en rueda de prensa la creación del Puesto de Alta Dirección que es el objetivo de este caso, así como al representante de CSIF Francisco Serrano, que se opuso a la creación de la plaza en la Mesa de Negociación del 26 de octubre de 2016.
Ambos están convocados a declarar como testigos el próximo 14 de febrero, a las 9:30 horas en el caso de Álvaro Jaén, y a las 10:00 horas para Francisco Serrano.
Finalmente, la jueza solicita a la Diputación de Badajoz que aporte «a la mayor brevedad posible» toda la documentación relacionada con el procedimiento de creación y provisión de la Jefatura de Servicio de Coordinación y Gestión Administrativa de los Conservatorios de Música.
También exige las actas de las llamadas ‘Reuniones de Presupuestos’, que «al parecer tuvieron lugar entre el 10 y el 11 de octubre de 2016 en la localidad de Valdivia», y pide informes «periódicos o puntuales» sobre el progreso en la consecución de los objetivos programados y planes de actuación, así como de «todas las actividades realizadas» emitidos por David Sánchez desde el inicio de su actividad en la Diputación de Badajoz hasta la fecha.
RECHAZA LOS RECURSOS
Además, el auto establece que «no proceden los sobreseimientos solicitados» por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y cinco investigados en este caso, ya que, según indica la jueza, «no nos encontramos en el momento procesal oportuno para determinar si proceden los sobreseimientos solicitados».
Agrega que este auto establece una serie de diligencias de investigación, de las que «además puede surgir la necesidad de ulteriores», por lo que será al llevar a cabo todas ellas cuando se evalúe en conjunto si procede o no la continuación del procedimiento contra los investigados específicos.
Con este objetivo, los letrados de los investigados tienen derecho a intervenir en todas las diligencias de investigación que se realicen en defensa de los intereses de sus clientes, indica la jueza.
NO PROCEDE LA DEDUCCIÓN DE TESTIMONIO POR DELITO DE DESOBEDIENCIA POR LAS RAZONES EXPRESADAS EN EL RAZONAMIENTO PRIMERO DE ESTA RESOLUCIÓN, sin perjuicio de que la parte que considere afectados sus derechos interponga las reclamaciones, demandas o denuncias pertinentes contra las personas que considere responsables de las filtraciones.
