MADRID 15 Dic. –
La **integración sanitaria y social** en la atención a la cronicidad está presente en los planes autonómicos, pero la mayoría de comunidades autónomas no cuenta con una dotación presupuestaria específica para implementar esta atención integrada, y apenas la mitad evalúa sistemáticamente las acciones llevadas a cabo, según el informe 2025 del Observatorio de la Atención al Paciente (OAP).
«El objetivo de este año era profundizar en la situación y retos de la **coordinación e integración** asistencial en el contexto de los pacientes crónicos en España, e identificar las herramientas y buenas prácticas necesarias para alcanzar la **integración de la atención sanitaria y social**», explicó el director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Pedro Carrascal, durante la presentación del documento ‘Atención integrada de la cronicidad en España: Situación, herramientas y retos de la integración sanitaria y social’
El informe se basa en un sondeo realizado a las Consejerías y Departamentos de Salud de las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, en el que participaron 15 CCAA y las dos ciudades autónomas. Además, se contó con el asesoramiento del Comité Asesor del OAP para definir los aspectos clave en la **coordinación sociosanitaria** y la **integración sanitaria y social**, con un enfoque en la cronicidad.
Según el documento, la atención a la cronicidad forma parte de la planificación autonómica, aunque con desigual desarrollo. En total, 11 de las 17 CCAA que participaron en el sondeo tienen una estrategia o plan de atención a la cronicidad, mientras que las demás la integran en documentos de planificación general. Entre las regiones que aún no tienen un plan específico, todas menos dos prevén desarrollarlo en el corto o medio plazo.
«Cuando hablamos de si la **integración sanitaria y social** es prioritaria en los planes, vemos mayores diferencias», comentó Carrascal. Ocho comunidades autónomas la consideran una prioridad estratégica, mientras que siete la abordan de manera transversal; sin embargo, solo cuatro CCAA cuentan con una partida presupuestaria específica para este fin y solo siete evalúan sistemáticamente sus acciones de **integración**.
En relación a la atención centrada en la persona, el informe indica que está presente en todos los modelos, pero de manera «heterogénea». Al preguntar sobre acciones específicas, seis CCAA afirman tener «plenamente» integrado el diseño de planes de atención personalizados; dos tienen a los pacientes y cuidadores involucrados en decisiones clínicas, con seis que reportan «bastante» integración; dos incluyen la perspectiva del paciente en la planificación; tres valoran preferencias, valores y objetivos del paciente; y tres realizan una evaluación sistemática de la experiencia del paciente.
La coordinación entre el sistema sanitario y social se encuentra en todas las regiones consultadas. Entre los mecanismos que facilitan esta coordinación, destacan los espacios de colaboración entre consejerías (comisiones, grupos de trabajo o protocolos conjuntos), seguidos de los protocolos formales y los canales de comunicación estructurados.
Sin embargo, la falta de **innovación tecnológica** y de sistemas de información limita la integración y la equidad. Las herramientas digitales más utilizadas para facilitar la coordinación, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario, son la historia clínica interoperable con los servicios sociales y las plataformas digitales compartidas, las cuales están en uso en diez regiones.
Además, el documento resalta que los trabajadores sociales están muy implantados en estas estrategias integradas, tanto en el ámbito de la AP como en el hospitalario, con 11 autonomías que indican su «total» integración. Sin embargo, al preguntar por otros perfiles, se observa que los **enfermeros gestores de casos**, **coordinadores sociosanitarios** y **agentes de salud** no cuentan con el mismo papel en hospitales y en Atención Primaria.
Como conclusión, el informe presenta varias propuestas del Comité Asesor para mejorar la **integración sanitaria y social**. Entre las medidas prioritarias, destacan garantizar un marco normativo y la redistribución de la financiación, potenciar la interoperabilidad de los sistemas de información y los órganos de **coordinación**, ofrecer formación continua a los profesionales en atención integrada, e impulsar la participación de organizaciones de pacientes y del tercer sector.
IR DE LA MANO DE LOS PACIENTES
Después de la presentación del informe, se llevó a cabo una mesa redonda con la participación de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute; el viceconsejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Nicolás Navarro; y la presidenta de la POP, Carina Escobar.
Todos coincidieron en la relevancia de la participación de los pacientes en la toma de decisiones políticas que les afectan, ya que, como destacaron, esto permite «poner el foco en lo realmente importante» y que el proceso asistencial «sea mucho mejor». Al respecto, Carina Escobar expresó el deseo de la POP de participar, cooperar y «ser un agente más» en el sistema sanitario y social.
Escobar enfatizó que la cronicidad «no es el futuro, es el presente» y que el momento actual es «de transformación» y «de oportunidades» que deben aprovecharse para atender a las personas en todas sus dimensiones, desde una perspectiva biopsicosocial.
Fátima Matute subrayó que «el dato debe seguir al paciente», tanto el sanitario como el social, indicando que el sistema no solo necesita profesionales sanitarios, sino también otros perfiles no sanitarios como gestores de datos e ingenieros. También solicitó una historia única interoperable entre los sistemas sanitario y social, así como una desburocratización de los procesos que simplifique las cosas para los pacientes.
Nicolás Navarro, por su parte, destacó la necesidad de trabajar para asegurar esa **integración social y sanitaria**. «Eso va a garantizar una mejor calidad de vida de los pacientes», resaltó. Para finalizar, pidió facilitar el acceso de los pacientes a medicamentos, muchos de ellos en fases de investigación o en proceso de autorización de comercialización, además de reclamar que la sanidad esté menos politizada.
