MADRID 3 Abr. –
La sección de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que establece la obligación de intentar alcanzar un acuerdo antes de llevar un caso ante un juez civil o mercantil ha comenzado a aplicarse este jueves.
Así lo ha destacado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en una nota informativa, donde subraya que la Ley Orgánica 1/2025 incorpora el deber de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier procedimiento judicial. Según el departamento dirigido por Félix Bolaños, dicha medida permitirá «reducir el número de litigios y agilizar la tramitación de conflictos».
La ley estipula que, salvo excepciones previstas –como la tutela de derechos fundamentales, filiación, procedimientos concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otros–, será obligatorio demostrar que se intentó alcanzar una solución extrajudicial antes de presentar una demanda. Para más información sobre las excepciones, visita este enlace.
Desde el Ministerio recuerdan que entre los mecanismos disponibles se incluyen la mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, la oferta vinculante confidencial, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes.
«Con esta medida, se promueve un cambio de la cultura del litigio hacia una cultura del diálogo y el acuerdo, reduciendo así la carga de trabajo de los tribunales y ofreciendo a los ciudadanos un camino más rápido y efectivo para la resolución de conflictos», señala el Ministerio de Justicia.
CAMBIO EN LA IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES
La porción de la ley que ha entrado en vigor este jueves también modifica el sistema de costas. Los tribunales ahora evaluarán si alguna de las partes se ha negado a resolver el conflicto de manera consensuada, lo que influirá en el criterio para imponer costos. Para más detalles sobre la normativa de costas, visita aquí.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, explicó el pasado 26 de marzo durante una conferencia en el Consejo General de Economistas que esta medida representa un «cambio fundamental», porque hasta ahora, quien perdía el pleito debía pagar las costas, mientras que el vencedor no.
«El legislador establece que se debe realizar un intento sólido para alcanzar un acuerdo, y si no se logra, se puede recurrir al pleito. Sin embargo, si al concluir el pleito, el juez determina que a pesar de que usted tenía razón, no hizo un intento previo de acudir a un método de solución alternativa… (el juez puede dictar:) Mire, le voy a imponer las costas, porque ha abusado de un servicio público como es el servicio público de justicia», indicó.
«MÁS PLAZAS JUDICIALES»
El resto de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia comenzará a aplicarse de forma escalonada a partir del 1 de julio. En el Ministerio se enfatiza que se espera una «reforma profunda de la organización judicial» que permitirá una «estructura más ágil, flexible y con mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados».
«La norma transformará los 3.931 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia, cada uno de ellos asistido administrativamente por una oficina judicial. Esto facilitará, por ejemplo, la especialización de las plazas judiciales, que se organizarán en secciones, lo que hará más homogéneas las prácticas jurisdiccionales y organizativas», señala el Ministerio. Para una comprensión detallada de esta reestructuración, consulta aquí.
La nueva estructura será acompañada por la creación de más plazas judiciales en los tribunales de instancia cuando sea necesario, informan desde Justicia. Esto se debe a que la creación de plazas «ya no estará vinculada a la implantación de un nuevo juzgado, lo que permitirá reinvertir el importe ahorrado, alrededor de 300.000 euros, en la habilitación de nuevas plazas».
