El acuerdo incluye una dotación económica de casi 42 millones de euros que se repartirá entre los gobiernos autonómicos.
MADRID, 31 Ene. –
Los ministerios de Derechos Sociales y de Sanidad, junto con los gobiernos autonómicos, han aprobado, por primera vez, un acuerdo a nivel estatal encaminado a mejorar la Atención Temprana y reducir los tiempos de espera. El objetivo es que el plazo máximo para que los menores de 6 años reciban una atención de calidad y gratuita no supere los 45 días desde que se detecta el caso en riesgo.
Este compromiso está materializado en un documento, una ‘hoja de ruta’ referencial de calidad común para todas las CCAA, aprobado en la conferencia multisectorial, donde han participado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Mónica García, ministra de Sanidad. Este acuerdo se estructura en nueve líneas de acción que se traducen en medidas específicas y en 36 estándares de calidad.
La implementación completa de estas medidas está prevista para el año 2030, con un enfoque de «implementación gradual», coincidiendo con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), que destinará fondos a las comunidades autónomas para facilitar la adopción de las iniciativas del Consenso Estatal.
«Habrá una evaluación periódica para analizar la implementación en las comunidades autónomas. En 2030, las medidas deben estar completamente operativas en la red de atención temprana, tal como se establece en el acuerdo», informan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.
El acuerdo no solo establece los tiempos de espera, sino que también busca mejorar la calidad de las actuaciones y servicios de atención temprana; implementar sistemas eficaces de coordinación interadministrativa; fomentar la colaboración activa de las familias; promover la prevención primaria; garantizar una valoración e intervención integral; desarrollar equipos profesionales y ofrecer formación continua a quienes trabajan en atención temprana; y optimizar los sistemas de información y registro.
Se definen indicadores de desempeño que permiten evaluar el progreso en los compromisos y su continua adaptación a las necesidades del sistema. Además, el Grupo Técnico de Atención Temprana realizará un seguimiento bienal de dicha implementación, basado en los indicadores establecidos, y se llevará a cabo una evaluación final en 2030.
Uno de los aspectos «fundamentales» es asegurar que los tiempos de espera se mantengan dentro de la franja de edad de 0 a 6 años, «una etapa crítica para el desarrollo infantil en sus dimensiones física, cognitiva, emocional y social». Este plazo se alinea con lo que establece la Garantía Infantil Europea (GIE), recomendación del Consejo de la Unión Europea aprobada de manera unánime en 2021.
Desde los ministerios de Derechos Sociales y Sanidad advierten sobre las graves consecuencias que pueden afectar a los niños que requieren atención temprana si no se cuenta con un sistema público de calidad. Consecuencias como el compromiso de sus capacidades cognitivas y sociales, problemas de salud y nutrición, dificultades educativas, y limitaciones en sus oportunidades de inclusión plena en la comunidad y alcanzar su pleno potencial.
Asimismo, señalan que «la falta de un sistema eficaz y gratuito incrementa el riesgo de exclusión social para muchas familias, que deben recurrir a sus propios recursos económicos, tiempo y energía para suplir las carencias del sistema». Esto provoca un desequilibrio que genera sociedades más desiguales y con menos oportunidades para estos niños y sus familias.
TODAS LAS CCAA DEBEN DISPONER DE UNA RED DE ATENCIÓN TEMPRANA
Además de mejorar los procesos de detección y reducir los tiempos de espera, el acuerdo contempla que todas las Comunidades Autónomas cuenten con una Red de Atención Temprana. Los gobiernos autonómicos deberán establecer normativas específicas que regulen esta materia, incluyendo los mecanismos de coordinación y compartición de documentos e historias clínicas.
El sistema deberá interconectar a los departamentos que forman parte del proceso, regulando la participación de equipos de atención primaria, profesorado, profesionales de los servicios sociales, entre otros. También se establecerán bases para contar con una plantilla de profesionales estable, suficiente y con empleos de calidad.
El documento también incluye medidas para garantizar la valoración e intervención integral, adaptando todos los procesos a la realidad y ritmos de cada niño y sus familias, promoviendo un diálogo continuo. Se priorizará actuar en los entornos naturales de los niños y adoptar un enfoque biopsicosocial que abarque todos los factores del desarrollo.
Este acuerdo incorpora una dotación económica de casi 42 millones de euros (41.874.524,17 euros) que el Ministerio de Derechos Sociales asignará a los gobiernos autonómicos, con cargo al Fondo Social Europeo Plus, para asegurar que los menores accedan adecuadamente a la atención temprana, sin importar su localidad o situación familiar y social.
Según GAT, la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, en 2023 (último año disponible de datos globales), casi 130.000 niños y niñas (129.529) necesitaron atención temprana, lo que representa más de un 5% (5,38%) de la población entre 0 y 6 años.
