Tribunal de Cuentas Revela Incumplimientos Legales y Sanciones en el Primer Examen a Aliança Catalana

Tribunal de Cuentas Revela Incumplimientos Legales y Sanciones en el Primer Examen a Aliança Catalana


MADRID 9 Mar. –

El Tribunal de Cuentas ha identificado **incumplimientos legales** e incluso una **infracción sancionable** en su primer examen a la formación ultraderechista e independentista Aliança Catalana, liderada por Sivia Orriols, alcaldesa de Ripoll (Girona) y también diputada autonómica.

En su informe de fiscalización de las elecciones locales de 2023, que llevaron a Orriols a la Alcaldía de Ripoll, el Tribunal de Cuentas señala que Aliança Catalana excedió en **359,62 euros** el límite máximo de gasto electoral establecido (3.516,15 euros), lo que supone un exceso del **10,23%**. Esta irregularidad, considerada **sancionable** según el artículo 17 de la Ley sobre financiación de los partidos políticos, puede acarrear una multa del doble o quíntuplo de ese exceso.

En la fiscalización, se ha descubierto asimismo otros **incumplimientos legales**, como una donación de **500 euros** sin DNI, aportaciones por un total de **3.024,85 euros** que no cumplen con los requisitos de acreditación exigidos por ley, y un gasto de **1.070,14 euros** que no ha sido justificado mediante la correspondiente factura.

La formación ultraderechista declaró gastos de ‘mailing’ por **605,14 euros**, pero el Tribunal de Cuentas considera que el partido de Orriols no cumple los requisitos para reclamar esa subvención, por lo que lo clasifica como gasto ordinario.

PAGOS Y COBROS EN EFECTIVO

Además, se denuncia que Aliança Catalana no acreditó la apertura de una cuenta bancaria específica para las municipales de 2023, algo que exige el artículo 124 de la LOREG. Como resultado, todos los cobros y pagos (importes de **3.524,85 euros** y **3.270,63 euros**, respectivamente) se han realizado en efectivo, incumpliendo la legalidad.

Con todo, este primer examen contable de los gastos electorales de la formación independentista termina con un **suspenso**, ya que el Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio del Interior que reduzca la subvención electoral en unos **7.500 euros**.

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