MADRID 17 Mar. –
El Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid ha decidido investigar por presunta revelación de secretos a cuatro periodistas debido a su cobertura sobre un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual detalla el material incautado en la oficina de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Este informe fue presentado en la investigación que lleva a cabo el Tribunal Supremo (TS) contra Rodríguez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
De acuerdo a informaciones publicadas en El País y confirmadas por fuentes legales, el juzgado ha convocado a declarar el próximo 19 de junio a cuatro periodistas: uno de El País, dos de El Mundo y uno de 20 Minutos. Esta citación se da en relación con las noticias publicadas el 25 de noviembre sobre el informe que analiza las conversaciones de WhatsApp y los correos electrónicos intervenidos a la fiscal provincial de Madrid por orden del Supremo.
Esta acción se produce tras las «quejas» enviadas en diciembre por la Abogacía del Estado —en representación de Rodríguez y García Ortiz— al instructor del caso del TS, en relación a las supuestas filtraciones del informe de la Guardia Civil conectado al registro realizado en la oficina de la fiscal provincial el 30 de octubre.
El informe en cuestión concluye que el fiscal general tuvo una «participación preeminente» en «los hechos que finalmente derivaron en la filtración investigada», en el contexto de la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Este documento incluye un relato cronológico de «todas las comunicaciones» de Rodríguez con otros miembros de la Fiscalía respecto a los hechos investigados, incluyendo aquellas sostenidas con García Ortiz la noche anterior a la difusión de la nota informativa objeto de la investigación.
El magistrado del TS ha elevado el caso a los juzgados de Plaza de Castilla «a los efectos oportunos», dado que el alto tribunal sólo tiene competencia para investigar hechos presuntamente cometidos por personas aforadas por su cargo.
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