BRUSELAS, 11
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha proporcionado a los gobiernos europeos el encaje legal necesario para replicar el modelo del Gobierno italiano de Georgia Meloni para externalizar los centros de deportación a terceros países. Sin embargo, Bruselas establece una línea roja que asegura que ningún migrante será trasladado a esas instalaciones fuera de la Unión Europea hasta que se haya dictado una orden definitiva de expulsión.
Henna Virkkunen, vicepresidenta de Seguridad y Democracia, ha declarado: «Debemos ser firmes y asertivos en nuestro planteamiento, sin dejar de ser fieles a los valores europeos de justicia y derechos fundamentales», al presentar los detalles de la propuesta de Bruselas, que todavía necesita ser negociada entre los Veintisiete y la Eurocámara antes de su aprobación. Para más información, consulta el artículo sobre propuestas de la Comisión Europea.
Von der Leyen prometió en diciembre pasado a los líderes de la UE que sus servicios buscarían la mejor manera de introducir en el marco jurídico el establecimiento de los ‘hubs’ en países terceros, considerando su dimensión legal, operativa y financiera, mientras se respetan los derechos fundamentales. Para entender mejor el contexto, puedes leer acerca del sistema de asilo de la UE.
Este modelo ha sido defendido por una gran mayoría de países como una «solución innovadora» para acelerar los retornos, aunque algunos, como España, han expresado sus reservas sobre su eficacia y legalidad. Para más detalles sobre esta controversia, visita este enlace de Al Jazeera.
Bruselas establece varias líneas rojas que diferenciarán el modelo acordado por Meloni con Albania, que ha sido paralizado por la Justicia italiana por trasladar a migrantes recién rescatados en alta mar a este centro de retención, sin tramitar sus solicitudes de asilo en Italia. Para más sobre este caso, revisa el artículo de BBC News.
La propuesta señala que el sistema debe incluir «fuertes condiciones de protección» para los retornados, como la existencia de una orden de expulsión definitiva y que los acuerdos para establecer centros de deportación sólo se firmen con países que respeten los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho internacional. Para profundizar en este aspecto, consulta el informe de Human Rights Watch.
Además, la propuesta fija una serie de «salvaguardas claras» que los gobiernos deberán incluir en los acuerdos bilaterales, como garantizar un «organismo independiente» que supervise el cumplimiento de lo pactado y que en ningún caso se trasladen menores no acompañados ni familias con niños. Para saber más sobre la importancia de estos mecanismos, visita el artículo de Parlamento Europeo.
La Comisión quiere revisar la directiva de Retorno de 2008, considerándola obsoleta, para agilizar las expulsiones de migrantes que no obtienen protección de refugiado. Este dossier es considerado un pilar «esencial» para asegurar el funcionamiento del Pacto de Migración y Asilo, que los gobiernos deben aplicar para 2026. Puedes encontrar más información sobre el pacto en este enlace de Comisión Europea.
Bruselas insiste en que el objetivo de la reforma es poner fin a los «abusos» del sistema, donde «apenas uno de cada cinco» migrantes con una orden de expulsión realmente abandona el territorio de la UE, según datos del comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner. Para más datos, consulta el análisis de OECD.
Brunner y Virkkunen han rechazado que esta «solución innovadora» sea una réplica del modelo negociado por Meloni con Albania o el que el Reino Unido intentó con Ruanda, enfatizando que a los centros planteados por Bruselas solo podrán ser trasladados migrantes con una «decisión final sobre su retorno».
Además, Virkkunen ha señalado que se aplicará únicamente a «personas que están de manera ilegal en la Unión». Brunner ha advertido que esta propuesta «crea el marco, no el contenido» de futuros acuerdos, ofreciendo a los gobiernos «condiciones mínimas» para cualquier ‘hub’ que creen.
EUROORDEN DE RETORNO Y PROHIBICIÓN DE ENTRADA PARA EXPULSADOS
La propuesta incluye otros cambios para endurecer la política de retornos en la UE, como la creación de una «Orden Europea de Retorno» para acelerar los procesos y facilitar el reconocimiento mutuo de las decisiones de expulsión entre Estados miembros. Para un análisis profundo sobre este tema, visita este hecho del Parlamento Europeo.
La euroorden permitirá un avance hacia una base de datos común que mantenga informados a todos los Estados miembros sobre las órdenes de expulsión y evitará la fragmentación actual en 27 sistemas distintos. Entre los detalles, se establece la «obligación legal de cooperar» por parte del migrante con las autoridades. Además, Bruselas advierte que «cuando no se cumplan las obligaciones, habrá consecuencias». Brunner ha enfatizado que «quien no coopere y represente un riesgo será detenido, algo esencial para garantizar que no haya abusos del sistema».
Otra de las innovaciones es ampliar hasta diez años la prohibición de entrada a la UE para migrantes deportados de forma forzosa, como medida disuasoria que busca desincentivar las llegadas irregulares y fomentar los retornos «voluntarios». Para entender los efectos de estas políticas, revisa el estudio de Migration Policy Institute.
La Comisión también desea que los gobiernos dispongan de reglas más estrictas para localizar a migrantes sin derecho a permanecer en la UE, permitiéndoles exigir una garantía financiera al individuo, que informe periódicamente de su paradero o que las autoridades designen su lugar de permanencia. En caso de que las autoridades perciban riesgo de fuga en un migrante con orden de expulsión, podrán decretar su detención por un máximo de 24 meses (frente a los 18 actuales).
Asimismo, los Estados miembros deberán evaluar en una fase temprana si la persona que ha llegado a suelo europeo representa una amenaza para la seguridad y, de ser así, podrán decretar su expulsión y detención por un máximo de 24 meses. Para más sobre criterios de seguridad, consulta el informe de EU Observer.
