Sostiene que cumplen todos los requisitos, «incluido el del arrepentimiento», y que cada resolución es revisada por la justicia.
MADRID, 8 Mar. –
El Ministerio del Interior ha subrayado que se está respetando la «normativa vigente en materia penitenciaria» en lo que respecta a la progresión al tercer grado o régimen abierto de los presos de ETA que cumplen condena por delitos de terrorismo, a pesar de las críticas por no contar con un arrepentimiento explícito.
“La clasificación de una persona privada de libertad en tercer grado es una forma de cumplir condena y no un beneficio penitenciario”, ha indicado el Gobierno en una respuesta parlamentaria en la que defiende el respeto a la normativa penitenciaria por parte del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
El Ejecutivo responde de esta manera a una pregunta de UPN, consultada por Europa Press, donde se mencionaban las quejas de asociaciones de víctimas por la concesión de terceros grados a presos de ETA sin que existan «signos inequívocos de arrepentimiento, como establece la ley».
CUMPLEN REQUISITOS, INCLUIDO EL ARREPENTIMIENTO
En relación a los presos de ETA, el Ejecutivo precisa que la «Administración Penitenciaria consideró que cumplían los requisitos legales y reglamentarios necesarios» para continuar con su condena en tercer grado de tratamiento, incluyendo el del arrepentimiento, y sin que la resolución adoptada haya sido revisada por el órgano judicial competente.
Desde que asumió competencias en política penitenciaria en octubre de 2021, el Gobierno Vasco ha otorgado 94 terceros grados a un total de 77 presos de ETA —17 de ellos repetidos—, de acuerdo con datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) hasta febrero de 2025. Desde 2018, el Gobierno central había concedido otras 28 progresiones al régimen de semilibertad.
El pasado 20 de febrero, Covite denunció otros dos terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco a presos de ETA, señalando que se había aprobado para personas que «siguen vinculadas a la izquierda abertzale y, por lo tanto, no arrepentidos».
En la respuesta a Alberto Catalán Higueras, el Gobierno se referencia al Reglamento Penitenciario para diferenciar los terceros grados de lo que, dice textualmente, sí se concibe como beneficios penitenciarios: medidas que permiten la reducción de la condena impuesta en sentencia firme o del tiempo efectivo de internamiento.
“Constituyen beneficios penitenciarios el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular. La clasificación de una persona en tercer grado de tratamiento penitenciario, por ende, no es un beneficio penitenciario”, aclara.
PROTECCIÓN DE DATOS
El Gobierno también hace referencia al artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para recordar que «en ningún caso se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión», conforme a la «individualización científica».
En este contexto, el Gobierno evita pronunciarse sobre casos concretos debido a la normativa de protección de datos personales, lo que impide especificar las circunstancias valoradas para cada preso de la banda terrorista ETA.
No obstante, recuerdan que «todas» las resoluciones de clasificación o progresión al tercer grado, así como las variables estudiadas para la toma de cada una de las decisiones, son notificadas al Ministerio Fiscal, tal como establece el artículo 107 del Reglamento Penitenciario.
“El Ministerio del Interior respeta la normativa vigente en materia penitenciaria, así como el resto del ordenamiento jurídico en su actuación”, concluye la respuesta parlamentaria.
En otra respuesta también a una serie de preguntas del diputado de UPN, el Gobierno se remite a lo dicho por el Ministerio del Interior «en numerosas ocasiones» en lo que respecta a los homenajes públicos a presos de ETA.
“Los homenajes a los terroristas cuentan con el rechazo de todo el Gobierno y de todas las fuerzas políticas democráticas,” comenta el Ejecutivo, que señala los datos de Covite para poner énfasis en los ‘ongi etorri’ tras las excarcelaciones, indicando que se registró uno en 2023, por los 38 celebrados en 2018.
Para más información, consulta los siguientes enlaces:
Política Penitenciaria en España |
Asociación Víctimas del Terrorismo |
Ley Orgánica General Penitenciaria |
Derechos de los Presos y Protección de Datos
