VALÈNCIA 25 Abr. –
La defensa de la ex consellera de Justicia e Interior el día de la dana, Salomé Pradas, ha solicitado a la jueza que investiga la gestión de la catástrofe que anule la transcripción de la declaración que hizo su cliente como investigada el pasado 11 de abril. El abogado argumenta en su escrito que lo enviado a las partes es un «resumen o esbozo» de la declaración, lo que considera «incompleto e incorrecto» y «parcial».
En el documento presentado en el Juzgado de Instrucción número tres de Catarroja, el letrado defensor señala que la consellera estuvo declarando durante casi tres horas y respondió a cerca de 140 preguntas sobre diversos temas, ofreciendo respuestas «extensas y detalladas» que son «muy ilustrativas para el desarrollo de la investigación».
La defensa recalca que la «extensión y exhaustividad» de la declaración «no fue caprichosa», sino que obedece a la gravedad de la imputación a su clienta, quien enfrenta cargos por el homicidio por omisión de más de 200 personas. En su escrito, específicamente menciona que se abordaron temas clave para el caso, como la distribución de competencias en materia de emergencias y la información disponible para Pradas el día de los hechos.
En este contexto, defiende que la declaración «no puede resumirse en 10 folios», ya que eso no haría justicia a lo declarado por Pradas en calidad de investigada. También subraya que, aunque existe una grabación de la declaración, es fundamental garantizar que lo escrito refleje la realidad, sin omitir partes esenciales y matices importantes expresados por la declarante. La defensa insiste en que «la declaración del investigado es una garantía del derecho de defensa», por lo cual abogan por una «transcripción literal».
LOS EXPERTOS TENÍAN QUE COORDINAR
En su declaración ante la jueza, Salomé Pradas afirmó que, en su cargo «institucional», no contaba con asesores en emergencias y que eran los expertos quienes debían coordinar. Resaltó que habría sido muy irresponsable no seguir el consejo de los técnicos y aplicar lo estipulado en el plan, lo que podría haberle acarreado una «temeridad» o un posible delito de prevaricación.
Así se refleja en su declaración como investigada, donde aseguró que no tenía experiencia en emergencias y puso de relieve la falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Negó que se estuviese esperando al president, Carlos Mazón, para emitir el mensaje de alerta a la población.
Durante su declaración, en la que únicamente respondió a preguntas de su abogado, Pradas explicó que los planes de emergencias, según le informaron los técnicos, están diseñados para aplicarse de manera automática, evitando la necesidad de tomar decisiones. Cabe destacar que, aunque es licenciada en derecho y ha ejercido la abogacía, no poseía formación técnica en emergencias.
En su gabinete, solo había personal administrativo como una jefa de gabinete, un jefe de prensa y asesores en diversos asuntos, mientras que el comité asesor del Cecopi contaba con los expertos en emergencias durante la dana, donde ella y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, eran «representantes institucionales» sin experiencia técnica en la materia.
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