MADRID 10 Feb.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, limitando este modelo a situaciones excepcionales y previa evaluación, con el objetivo de priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios.
«Esta ley me parece un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años, que va a proteger y blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras (…) Esta ley responde al lema ampliamente conocido ‘La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'», ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
García ha asegurado que esta ley «pondrá coto» a casos «absolutamente obscenos» como los que se han dado en los últimos meses, mencionando audios sobre supuestas órdenes del CEO de Ribera Salud, empresa concesionaria del Hospital de Torrejón, y los problemas por la externalización de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Para más información, puedes visitar aquí.
García afirma que no son «casos aislados», sino un «problema estructural». También argumenta, conforme a la evidencia científica, que la privatización afecta la calidad de la asistencia a los pacientes, aumentando infecciones, mortalidad evitable y desigualdad. Para un análisis más completo, consulta este estudio.
La nueva normativa establece que la colaboración entre la Administración y entidades privadas en la prestación sanitaria solo se permitirá cuando no sea posible la prestación directa por parte de administraciones o entidades públicas y se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia, cumpliendo requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.
Además, cualquier modelo de colaboración deberá someterse a una evaluación previa obligatoria, que incluya un informe elaborado por la administración sanitaria y el análisis de un comité de expertos y representantes de la sociedad civil. Los resultados deben ser publicados en el boletín oficial y la sede electrónica de la administración sanitaria. En el caso de concesiones de servicios, se requerirá un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera.
En todo caso, el anteproyecto introduce una cláusula en la Ley de Contratos del Sector Público que priorizará a entidades sin ánimo de lucro en caso de empate.
El texto incluye una regulación específica para los consorcios sanitarios, que deberán estar vinculados a una administración sanitaria y auditar sus cuentas anualmente. Además, se regulará el personal, que podrá ser funcionario, estatutario o laboral, dependiendo de su origen.
Asimismo, la norma permite que la Alta Inspección del SNS brinde asesoramiento técnico a las administraciones que deseen revertir servicios externalizados. Prohíbe asimismo contratos en los que la empresa privada que construye el hospital participe luego en su gestión.
REFORZAR EL BUEN GOBIERNO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
El texto también incluye medidas para fortalecer el buen gobierno, el control y la rendición de cuentas en la gestión sanitaria. Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) deberán dotar a sus centros de instrumentos de buena gobernanza, y se aprobarán indicadores comunes de salud y calidad en el seno del Consejo Interterritorial del SNS.
Las administraciones sanitarias deben publicar periódicamente información detallada sobre contratación, resultados de salud y calidad del servicio. Se prevé la externalización de auditorías cuando existan incompatibilidades entre la entidad auditora y la auditada.
Así, la nueva normativa solo se aplicará a los contratos establecidos después de su aprobación definitiva, por lo que los vigentes continuarán hasta su vencimiento.
El anteproyecto contempla la elaboración en un año de un informe de evaluación de las experiencias de gestión privada en el SNS desde 1997, a cargo de un grupo de expertos en economía de la salud y sistemas de salud.
Tras su aprobación, la nueva ley iniciará su tramitación, que incluirá consulta pública, vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley, y pasará al Congreso de los Diputados.
Preguntada sobre su confianza en el apoyo parlamentario para su aprobación, Mónica García ha expresado su esperanza. «Es tan obsceno y necesaria esta ley que dudo que haya partido que anteponga beneficios económicos a la salud de las personas», ha destacado.
Además, ha criticado la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien insinuó que el Gobierno quiere «acabar» con la sanidad madrileña. García respondió que el objetivo no es ese, sino terminar con el «chiringuito» de la presidenta madrileña.
