Se le concede la opción de declarar en su oficina de Moncloa, pero señala que la última vez surgieron inconvenientes y solicita solucionarlos.
MADRID, 31
El juez Juan Carlos Peinado ha desestimado la solicitud presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de declarar por escrito como testigo en el caso que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. No obstante, le ha autorizado a realizar esta diligencia en Moncloa el 16 de abril a las 10:30 horas, en lugar de en su despacho del Ministerio de Justicia.
Según una providencia, Bolaños había solicitado declarar por «correo ordinario» invocando el artículo 412.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los miembros del Gobierno declarar sobre hechos que conozcan por su cargo. Sin embargo, el juez aclara que esta invocación es «errónea», ya que no se citó a Bolaños por su cargo actual, sino por su anterior puesto como secretario general de la Presidencia, «lo que no permite la aplicación del precepto» mencionado.
Peinado destaca que en este caso debe aplicarse el artículo 412.3, que establece que, «si es conveniente recibir declaración a alguno de los mencionados en el apartado 2 sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial».
Finaliza indicando que Bolaños deberá testificar «de forma oral en la fecha señalada». Sin embargo, el ministro argumentó, respaldado por un informe «supuestamente» de su servicio de escoltas, que realizar la declaración en su despacho en el Ministerio de Justicia en el centro de Madrid podría generar «problemas de seguridad y eventuales inconvenientes para los ciudadanos», por lo que solicitó que se lleve a cabo en Moncloa.
El juez crítica a Bolaños por intentar justificar una petición con un informe sin firma, «y sin persona identificada alguna», lo cual considera «algo, cuando menos, extraño». No obstante, accede a su segunda solicitud, enfatizando que no tiene inconveniente en que «la comisión judicial se desplace a cualquiera de los despachos que actualmente utiliza el testigo por su cargo ministerial». Recuerda que ya se desplazó a Moncloa para la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio pasado.
A pesar de ello, aclara que, aunque «el complejo presidencial cuenta con múltiples medidas de seguridad», esto «no evitó que la comisión judicial (…) fuera retenida más tiempo del necesario para acceder, existiendo muchas personas expectantes en las cercanías, con el consiguiente riesgo para la integridad física de los ocupantes, mientras el vehículo del abogado de la investigada accedía sin esperar».
Como consecuencia, reafirma que no tiene inconveniente en que Bolaños declare en Moncloa, «siempre y cuando se garantice el acceso fácil al vehículo judicial y, en su condición de ministro de la Presidencia, se facilite un vehículo del parque móvil ministerial». Da a Bolaños cinco días para que responda a esta solicitud.
APUNTÓ A UN DELITO DE MALVERSACIÓN
En el auto que cita a Bolaños como testigo, Peinado indica que podría haber un delito de malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, por parte de Moncloa.
Así, si se investiga este nuevo delito de malversación, se sumaría a los que ya se investigan: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo laboral.
Peinado tomó esta decisión después de imputar a Álvarez, quien declaró como testigo el 20 de diciembre, confirmando que envió correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez y que fue nombrada para asistir a la esposa del presidente en temas oficiales y privados.
El instructor la volvió a llamar el 26 de febrero en calidad de investigada, momento en el que negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras para beneficiar a Gómez antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020.
Álvarez ha recurrido su imputación, acusando al magistrado de «tenderle una trampa» al cambiar su condición de testigo a la de investigada.
LOS CORREOS ELECTRÓNICOS
Según el sumario del caso, al que se ha tenido acceso, en un correo electrónico que menciona a Álvarez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, integrantes de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM, se comunican con ella para brindarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.
«Estimada Cristina, tal como hemos acordado, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM, ya que es una obra en colaboración con personal UCM que tiene dicha vinculación», mencionan Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.
Asimismo, ese correo se envió también a Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. Incluye un mensaje previo del 7 de septiembre que adjunta un formulario interno que debían completar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Aunque en este caso Álvarez aparece en copia con un correo de una cuenta personal, en una cadena de correos que figura en el sumario del caso, también aparece con una cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno, firmando como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.
En otro correo incluido en las pesquisas judiciales, se refleja que Álvarez también comunicó a Reale el interés de Gómez en que la empresa aseguradora continúe patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ella dirigía.
