MADRID 11 May. –
El Tribunal Constitucional (TC) se apresta a dictar sentencia la próxima semana sobre el recurso de amparo presentado por la exministra de Fomento **Magdalena Álvarez** en relación a una conclusión y una recomendación contenidas en el informe del Congreso de los Diputados sobre el accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que resultó en 154 fallecidos y 18 heridos. Estas indicaban una posible negligencia de altos cargos de dicho departamento, incluyendo a la propia Álvarez.
Los magistrados de la Sala Primera, basándose en una ponencia de la magistrada **Concepción Espejel**, decidirán sobre la impugnación contra la conclusión décima y la recomendación novena emitidas el 22 de abril de 2021 por la Cámara Baja tras la investigación del siniestro ocurrido el 20 de agosto de 2008.
La conclusión afirmaba que el accidente aéreo fue consecuencia de un «fallo sistémico», responsabilizando a funcionarios del Gobierno vinculados al **Ministerio de Fomento** de aquel entonces, dirigido por Álvarez, a quien se exigía depurar responsabilidades políticas.
De igual manera, la recomendación sugería que, «dado que existían dentro de la investigación elementos que podrían indicar conductas negligentes», se debía remitir su contenido y resultados a la Fiscalía para su acción oportuna.
Cabe recordar que este accidente, el más grave en la aviación española desde 1977, fue investigado en tribunales; sin embargo, en 2012, tras cuatro años, la Audiencia de Madrid decidió archivar las indagaciones, concluyendo que las acciones de los dos mecánicos, hasta entonces investigados, fueron correctas.
En su momento, este asunto llegó al TC, que inadmitió el recurso de amparo interpuesto por la **Asociación de Afectados del Vuelo JK5022** contra la decisión de la Audiencia de archivar la investigación judicial.
Fuentes del tribunal consultadas indican que este nuevo recurso de amparo por parte de Álvarez busca la restitución del prestigio de los funcionarios mencionados en el dictamen parlamentario, argumentando que sus derechos al honor y a la presunción de inocencia han sido vulnerados.
La doctrina inicial sobre los recursos contra las conclusiones de comisiones de investigación parlamentarias se encuentra en una sentencia dictada en 2018 por el TC, que anuló el dictamen de las **Cortes Valencianas** que consideraba responsable del accidente del Metro de Valencia en 2006 al director de recursos humanos, por atentar contra su derecho al honor.
En ese fallo, el Constitucional subrayó que «las conclusiones que las Cámaras puedan alcanzar en el ejercicio de sus facultades investigativas deben estar libres de cualquier imputación individualizada de conductas ilícitas a los investigados». La «actividad parlamentaria de investigación» es de «naturaleza estrictamente política», enfatizó.
MACÍAS Y LA AMNISTÍA
Por otro lado, en el Pleno que se llevará a cabo desde el martes, el TC discutirá nuevamente la participación del magistrado conservador **José María Macías** en asuntos relacionados con la ley de amnistía.
En enero pasado, Macías fue apartado del debate sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el **Tribunal Supremo** (TS) contra la amnistía y, posteriormente, de otros asuntos formulados por el **Tribunal Superior de Justicia de Cataluña** (TSJC) y de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el **PP** y las comunidades autónomas gobernadas por este partido.
El Constitucional aceptó, con cuatro votos en contra del sector conservador, la recusación presentada por la Fiscalía contra Macías, dado que cuando era vocal del **Consejo General del Poder Judicial** (CGPJ) había expresado su oposición a la amnistía en dos textos con «valor institucional».
En esta ocasión, los magistrados abordarán los recursos de súplica interpuestos por los ‘populares’ contra la decisión del TC de extender automáticamente la recusación de Macías a otros asuntos, incluyendo sus recursos. Se anticipa que el Constitucional se ratificará en su decisión, según las fuentes consultadas.
Al mismo tiempo, el tribunal estudiará la recusación presentada por la exconsejera catalana **Clara Ponsatí** contra el mismo magistrado en el recurso de amparo que la líder independentista presentó ante el tribunal de garantías. Sin embargo, se espera que en este caso el Constitucional la rechace por cuestiones procesales.
En este mismo Pleno, fuentes indican que el TC tiene la intención de admitir los recursos presentados por el **Senado** en relación con el texto publicado en el **Boletín Oficial del Estado** (BOE) sobre la **Ley Orgánica de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia**.
El Senado acusa al Gobierno de modificar el texto de la ley aprobada en Cortes Generales mediante una «corrección de errores», considerándola «fraudulenta», ya que actualizaba las cuotas y complementos de diversos subgrupos de magistrados.
