Considera que es de «indudable trascendencia» porque probaría que no solo la Fiscalía tuvo acceso a los datos filtrados.
MADRID, 26 Mar. –
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado al magistrado Ángel Hurtado que ordene investigar si el correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, envió a la Abogacía del Estado el 2 de febrero de 2024, es el mismo al que tuvo acceso ese mismo día el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que contiene la información que fue publicada en los medios.
En un escrito, al que ha tenido acceso la prensa, Sánchez Conde sostiene que el ‘email’ dirigido a la Abogacía del Estado tiene una «indudable trascendencia», ya que demostraría que no solo la Fiscalía tuvo acceso a un correo electrónico en el que el abogado de Díaz Ayuso ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo.
Cabe recordar que en esta causa, el magistrado Ángel Hurtado investiga, entre otras cuestiones, si García Ortiz o la fiscal provincial jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, filtraron el ‘email’ que el abogado de González Amador envió al fiscal de delitos económicos que lo investigaba, Julián Salto, por supuestos delitos fiscales.
Actualmente, la teniente fiscal reprocha a la pareja de Díaz Ayuso que no ha indicado ni en su querella ni en los «sucesivos escritos» que ha presentado en el procedimiento que envió «un correo similar o idéntico» al que fue enviado a la Fiscalía el mismo día 2 de febrero de 2024 a la Abogacía del Estado.
Para la ‘número dos’ del Ministerio Público, esto «debería ser objeto de explicación», ya que «el número de destinatarios del referido correo y la identidad de los mismos no se acomoda a lo imputado en las actuaciones».
En este contexto, recalca la necesidad de «analizar las divergencias existentes» entre el correo enviado a la Fiscalía, el dirigido a la Abogacía del Estado y «el documento que apareció publicado» en diversos medios de comunicación en las primeras horas del día 14 de marzo de 2024.
Coincidiendo con la defensa de Rodríguez, la teniente fiscal considera pertinente que el magistrado encargue un «dictamen pericial informático» para verificar si el correo electrónico enviado a la Abogacía del Estado contenía «la misma información» que el remitido «ese mismo día, 10 minutos antes» al fiscal Salto.
CONSIDERA QUE NO HAY PRUEBAS CONTRA LOS INVESTIGADOS
En el contexto del escrito, Sánchez Conde se adhiere a los recursos de apelación presentados por el fiscal general y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, contra la decisión del magistrado de confirmar el auto en el que les citó como investigados.
La teniente fiscal coincide con las defensas en que «no se ha obtenido, a pesar de la exhaustiva investigación, ninguna prueba que permita atribuir a ninguno de los investigados el delito de revelación de secretos».
Por el contrario, sostiene que «sí se han obtenido pruebas» que indican que el documento reservado presuntamente divulgado por los investigados estaba «en poder de diversos medios de comunicación con anterioridad a que dichos investigados tuvieran conocimiento del mismo». Para la Fiscalía, esto representa un asunto de «indudable relevancia que minimiza el hipotético éxito de las diligencias aún pendientes de cumplimentar».
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