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Se basa en normativas internas que sugieren no conservar datos «indefinidamente» y por motivos de seguridad.
MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) –
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, eliminó los mensajes de su teléfono móvil entre el 8 y el 14 de marzo, días críticos en la presunta filtración sobre Alberto González Amador –el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— por protocolo de seguridad y protección de datos, según informan fuentes fiscales a Europa Press.
Las fuentes indican que García Ortiz eliminó personalmente los mensajes correspondientes a ese periodo, aunque aclaran que esta acción formó parte de un borrado cíclico que realiza con todos los mensajes almacenados en su teléfono.
Fuentes fiscales ya señalaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo un borrado cíclico del contenido de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos por cuestiones de seguridad, tanto para el fiscal general como para el resto de los miembros del organismo, lo que justifica el hallazgo de «0 mensajes» a García Ortiz por parte de la Unidad Central Operativa (UCO).
En este sentido, recordaron que existen varias normativas internas sobre protección de datos que desaconsejan almacenar información «indefinidamente».
Mencionaron la instrucción 2/2019, donde se establece que «el Ministerio Fiscal (MF), en el ámbito de sus competencias, deberá tratar los datos personales de las personas físicas» conforme a ciertos principios.
Entre estos principios se encuentra la «limitación del plazo de conservación», lo que implica que, en el marco de las competencias propias del MF, se deben tomar medidas razonables para asegurarse de que los datos personales se mantengan solo durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento.
El mismo documento menciona como parte de sus «obligaciones» la «destrucción segura de documentos y dispositivos en desuso», especificando el uso de destructoras o contenedores cerrados para la documentación en papel.
Además, se refirieron a la guía básica sobre protección de datos del Ministerio Fiscal, difundida en junio de 2022, que enfatiza que no se deben almacenar documentos indefinidamente en soportes digitales ni en cuentas de correo, y que estos deben ser eliminados una vez que dejen de ser necesarios.
La guía también recomienda que «el almacenamiento de información que contenga datos personales en dispositivos electrónicos portátiles debe limitarse al máximo y es obligatorio encriptar dicha información si se utilizan estos dispositivos». Asimismo, propone el «formateo de equipos informáticos una vez sean devueltos por sus usuarios, con certificación de la realización de esta acción por parte del personal encargado».
LA UCO HALLA «0 MENSAJES»
La controversia surgió el jueves, cuando se hizo público el informe de la UCO encargado por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado, relativo al contenido de los dispositivos electrónicos incautados a García Ortiz durante el registro realizado el 30 de octubre en su despacho de la FGE.
La Guardia Civil informó en este documento que había encontrado «0 mensajes» en los dispositivos de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo, los días claves en la investigación sobre la filtración de González Amador, que se investiga en el TS como un posible delito de revelación de secretos.
A pesar de este resultado, el informe también reveló que la UCO, respecto a los dispositivos de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que también fueron registrados el 30 de octubre, sí encontró mensajes vinculados con García Ortiz.
