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La defensa del expresident subraya que el órgano adecuado para evaluar su caso es el TSJ catalán.
MADRID, 10
La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaron este lunes a un tribunal de apelación del Supremo que otorgue amnistía por el delito de malversación al expresidente catalán Carles Puigdemont. La fiscal ha argumentado que el juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, y la Sala Penal «inventan» que los acusados obtuvieron beneficios personales al cargar al erario público la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Este pronunciamiento se dio durante la vista pública celebrada este lunes para discutir los recursos de apelación contra la decisión de Llarena de no aplicar la ley de amnistía a los procesados en rebeldía. La Sala de Apelaciones, compuesta por Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo, escuchó también a la acusación popular ejercida por Vox y a las defensas.
La vista se lleva a cabo luego de que en julio Llarena desestimara aplicar amnistía en el caso de malversación que afecta a Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Las defensas presentaron un nuevo recurso que defendieron el lunes.
La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, apoyó que el tribunal considere los recursos y aplique la amnistía. «Cualquier persona que entienda las normas y conoce los hechos de este caso sabe que están dentro del ámbito de la ley», indicó, defendiendo que no se puede ignorar su aplicación.
La Fiscalía argumentó que la conducta de Puigdemont, Comín y Puig es apta para amnistía, argumentando que no hubo enriquecimiento personal ni impacto en los intereses financieros de la Unión Europea: «Afirmar que estos actos se llevaron a cabo para obtener beneficios patrimoniales es sorprendente», sostuvo.
También señaló que, «nunca» se había acreditado que las acciones fueron con el ánimo de obtener beneficios personales, insistiendo en que ahora se «inventa» dicho motivo. Añadió que «no se han utilizado fondos europeos», reafirmando que los fondos pertenecían a la Generalitat exclusivamente y esto está más que demostrado en el caso.
Así, Sánchez Conde defendió la postura de la Fiscalía, que sostiene que la malversación y la desobediencia deben ser amnistiadas al no hacerlo, «quedaría prácticamente vacío de contenido lo dispuesto» en la norma.
Este lunes, la Abogacía del Estado también solicitó al tribunal de apelación del Supremo que acepte los recursos de Puigdemont, Comín y Puig.
DEFENSAS RECLAMAN LA AMNISTÍA
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se centró en argumentar que el Supremo no tiene la competencia para aplicar la ley de amnistía a los procesados del ‘procés’. «Sin duda, tenemos razón», afirmó. Según él, «esta facultad corresponde al TSJ de Cataluña, no a la Sala Segunda del Supremo (…) ya que Puigdemont fue elegido diputado de Cataluña».
En este sentido, señaló que «no es necesario entrar en un gran debate sobre la aplicación de la ley. Podemos referirnos al voto particular de Ana Ferrer, que explica por qué esta ley debe ser aplicada», añadió.
Resaltó que cualquier decisión del Supremo «comportaría la vulneración del juez establecido por la ley», porque sostiene que el responsable de pronunciarse debería ser el TSJ catalán.
Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Puig, coincidió en que la competencia para aplicar la amnistía es del TSJ catalán y argumentó que la amnistía debe aplicarse. «Es sencillo entender que la ley (de amnistía) es totalmente aplicable al caso presente», indicó al inicio de su intervención.
Asimismo, enfatizó que «cualquier ciudadano español comprende que (…) esta ley fue diseñada para este caso». En este contexto, cualquier interpretación que busque apartarse de lo que claramente establece la ley representa simplemente un intento de imponer la propia voluntad sobre el mandato del legislador», añadió.
La defensa de Puig solicitó al tribunal que corrija la decisión de Llarena, argumentando que «no pueden sostenerse razonamientos absurdos como los que tiene la resolución recurrida».
La defensa de Marta Rovira también intervino contra el recurso de Vox, que se opuso a considerar amnistiable el delito de desobediencia por el que está procesada. Sin embargo, su abogado, Íñigo Iruin, coincidió con el de Puigdemont en que el órgano judicial adecuado para estudiar su caso es el TSJ de Cataluña, no el Supremo. «El instructor se declaró incompetente», subrayó al referirse al delito de desobediencia.
VOX, EN CONTRA DE LOS RECURSOS
Vox, en contraste, se opuso a modificar la decisión de Llarena de no amnistiar la malversación del ‘procés’ y cuestionó a la defensa de Puigdemont por insistir en que el Supremo no es el órgano competente para pronunciarse.
«Si un acto es ilícito, no puede ser respaldado por ninguna normativa, y mucho menos por esta ley de amnistía. No es que el Supremo haya hecho una interpretación extravagante, es porque así lo indicó el Constitucional respecto a las leyes de desconexión», afirmó la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, durante la vista.
BOYE, «SORPRENDIDO» DE QUE VOX HABLE «HOY» DE MALVERSACIÓN
Tras la rueda de prensa a la salida del TS, Boye expresó su «sorpresa» porque «en un día como hoy, Vox hable de malversación», aludiendo a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación ilegal del partido político, tras una denuncia presentada en diciembre por el PSOE relacionada con un préstamo de un banco húngaro.
En lo que respecta al recurso de apelación, destacó que se han apoyado en el voto particular de la magistrada Ana Ferrer para señalar lo que consideran una «evidente» vulneración de derechos fundamentales por la falta de aplicación de la amnistía, además de criticar al TS, diciendo que «ha tenido cuatro interpretaciones del delito de malversación en siete años».
Por último, enfatizó que la aplicación de la amnistía debería ser objeto de estudio por el TSJC, ya que, aunque han discutido la competencia del TS desde «el principio», «dada la ausencia de eurodiputados entre los afectados, no creo que haya lugar a la discusión». También el abogado de Rovira expresó su confianza en que el caso de su cliente concluya en la Audiencia Provincial de Barcelona.
Respecto a Vox, Castro defendió ante los medios que «esta ley es inaplicable» porque «destruye principios constitucionales» y «la separación de poderes», además de «apartarse sustancialmente de la doctrina que el Tribunal Supremo ha sostenido sobre la malversación durante más de 50 años».
Se busca impedir que los jueces realicen su trabajo, creando una legislación a la carta para lograr que los siete votos necesarios para la formación de este Gobierno queden amnistiados, junto con la corrupción legal, política, económica y moral del Gobierno y de sus socios», concluyó.
Para más información sobre el caso, puedes consultar estos enlaces: Análisis sobre el proceso judicial, Impacto político tras el referéndum de 2017, Ley de amnistía: Entendiendo sus implicaciones.
