MADRID 28 Ene. –
La Fiscalía italiana ha iniciado una investigación formal sobre la primera ministra, Giorgia Meloni, y varios miembros de su Gobierno por la deportación del jefe de la Policía judicial libia, Osama al Masri, quien es buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad. Al Masri había estado detenido en Italia pero quedó libre por errores de procedimiento.
Meloni ha confirmado en un mensaje en redes sociales que ha recibido la notificación de la investigación, que también se ha enviado al ministro de Justicia, Carlo Nordio, al ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y al secretario de Estado Alfredo Mantovan, en relación con este mismo caso.
La primera ministra, que ha defendido la gestión de su Gobierno, ha cuestionado el trasfondo de la causa, señalando que la denuncia proviene de un abogado «cercano» a la izquierda y que ha sido respaldada por un fiscal implicado previamente en la causa contra Matteo Salvini, por el supuesto secuestro de migrantes a bordo del barco de rescate de la ONG ‘Open Arms’.
Además, ha criticado al TPI, sugiriendo que la orden de arresto se emitió «justo cuando esta persona se disponía a entrar en territorio italiano», después de haber estado «doce días en otros tres estados europeos». También señaló que la corte no comunicó la orden directamente al Ministerio de Justicia de Italia, lo que llevó a un tribunal de Roma a autorizar la liberación de Al Masri.
«En lugar de dejarlo libre, decidimos expulsarlo y repatriarlo inmediatamente por razones de seguridad», ha explicado Meloni. La primera ministra ha insistido en que no se dejará «chantajear» ni «intimidar» por este tipo de medidas judiciales. «Tengo la intención de continuar mi camino en defensa de los italianos, especialmente cuando está en juego la seguridad de la nación, con la cabeza bien alta y sin miedo», ha proclamado.
EL TPI HABÍA PEDIDO EXPLICACIONES
Al Masri, quien formaba parte de la milicia Fuerza de Disuasión (Rada), fue detenido por las fuerzas de seguridad en Turín mientras asistía a un partido de fútbol entre Juventus y Milán. Está acusado ante el TPI por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que incluyen asesinatos, torturas, violaciones y violencia sexual, cometidos en Libia desde febrero de 2015.
Los crímenes se habrían llevado a cabo en la prisión de Mitiga, en Trípoli, contra personas encarceladas por motivos religiosos, por comportamiento considerado inmoral, homosexualidad, y por su presunto apoyo a otros grupos armados.
El TPI ha solicitado explicaciones a las autoridades italianas por este caso y ha recordado a Italia que el Estatuto de Roma establece «el deber de todos los estados parte de cooperar plenamente en sus investigaciones y enjuiciamientos por crímenes», lo que implica consultar con el tribunal cualquier contratiempo o decisión relativa a este tipo de casos.
