MADRID 10 Mar. –
Un grupo de diez compañías farmacéuticas, apoyadas por la organización Medicines for Europe, ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para revocar la implementación de un sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP) en la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (UWWTD, por sus siglas en inglés), que impone un impuesto sobre el precio de venta de recetas medicamentosas y cosméticos destinado a cubrir parte de los costos de tratamiento de aguas residuales.
Según ha indicado la patronal europea de medicamentos genéricos, este sector se ve “desproporcionadamente” afectado por esta regulación, ya que proporciona la mayoría de los medicamentos esenciales para pacientes con enfermedades graves. En Europa, los medicamentos genéricos representan el 70% de los fármacos dispensados, el 90% de los medicamentos críticos y solo el 19% del valor total del sector farmacéutico.
Medicines for Europe ha advertido que los fabricantes de medicamentos genéricos se verán obligados a costear la mayor parte de los gastos de eliminación de residuos de aguas residuales urbanas, incluyendo aquellos provenientes de otras actividades industriales o agrícolas. Por lo tanto, han expresado su respaldo a las empresas Accord, Adamed, Fresenius Kabi, Insud, Polpharma, Sandoz, STADA, Teva, Viatris y Zentiva, quienes han firmado la demanda.
En este contexto, han aclarado que el sistema RAP busca incentivar el desarrollo de medicamentos de forma “más ecológica”, pero han enfatizado que realmente ignora la naturaleza única de los productos farmacéuticos, que son compuestos químicos y cuyo rediseño resulta extremadamente complejo y a menudo inviable sin comprometer su efectividad.
Adicionalmente, la organización ha creado un modelo que muestra el impacto de la medida RAP en el suministro de medicamentos utilizados por millones de pacientes en toda Europa. Han utilizado como caso de estudio a Países Bajos, señalando que el costo de la metformina, un tratamiento para la diabetes, podría aumentar hasta un 875%; la amoxicilina podría ver un incremento del 368%; y el levetiracetam, usado para la epilepsia, podría aumentar hasta un 321%.
El modelo también indica un grave desequilibrio para el sector de genéricos, ya que a pesar de representar solo el 19% del costo total del mercado, se espera que cubra hasta el 60% de los gastos relacionados con el plan.
La Directiva menciona un costo estimado de tratamiento de agua de 1.180 millones de euros anuales, lo cual podría amenazar la viabilidad económica de numerosos medicamentos vitales. Sin embargo, algunos Estados miembros han advertido que esta cifra podría ser de cinco a seis veces superior; el gobierno alemán estima que oscilaría entre 5.000 y 11.000 millones de euros al año.
Para la organización, este costo generaría un “tsunami de escasez de medicamentos genéricos”, que acarrearía consecuencias desastrosas para los pacientes y la sostenibilidad de los sistemas de atención sanitaria europeos, que se verían gravemente deteriorados.
Además de considerar que la medida RAP es “desproporcionada” por imponer altos impuestos a fármacos asequibles y “discriminatoria” al enfocarse únicamente en el sector farmacéutico y cosmético, sin evidencia que acredite que solo ellos son responsables de la contaminación, la industria también subraya que se basa en una evaluación de impacto defectuosa, que aumentará la burocracia y generará una innecesaria incertidumbre.
Representantes de Medicines for Europe han manifestado que confían en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admita el recurso, dado que existen pruebas “muy claras” de que la directiva es “discriminatoria” y “desproporcionada” debido a su “gran impacto” en medicamentos de bajo costo, cruciales para la salud pública. También han expresado su disposición a dialogar con las instituciones de la Unión Europea para evitar el juicio, aunque han destacado que no observan posibilidades de que esto ocurra, justificando así la decisión de optar por la vía legal.
“Apoyamos firmemente las acciones legales contra el sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor discriminatorio y desproporcionado en la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. El acceso a la atención sanitaria es un derecho fundamental de los ciudadanos europeos. Este impuesto masivo e inviable contradice este derecho fundamental y pone en riesgo todos los esfuerzos para mejorar el acceso a los medicamentos”, ha declarado el director general de Medicines for Europe, Adrian van den Hoven.
