MADRID 8 Mar. –
Los Comunes cuestionan al Gobierno sobre la posibilidad de adoptar el modelo del Ayuntamiento de Barcelona con la adquisición de la Casa Orsola y la compra de inmuebles previamente construidos a través de **colaboración público-privada** para aumentar el parque público de vivienda.
En este sentido, piden saber si se podría financiar esta acción con un fondo específico para la adquisición de propiedades en los municipios que enfrentan tensiones debido al elevado coste del alquiler.
La coordinadora de la formación catalana, Candela López, diputada de Sumar, ha planteado estas inquietudes a través de una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Ministerio de Vivienda.
López menciona el caso del Consistorio de Barcelona, que, ante la movilización social contra el desalojo de los últimos inquilinos de este inmueble, decidió adquirirlo en colaboración con la entidad del tercer sector Hábitat 3. Con esta acción, el Ayuntamiento obtiene el 49% de la propiedad, mientras que el 51% restante pertenece a Hábitat 3.
Por tanto, la diputada solicita al departamento que dirige Isabel Rodríguez que aclare si se está considerando la posibilidad de extender este modelo a otras ciudades de Cataluña y **España**, con el objetivo de crear más **vivienda social**.
Además, pregunta si el Ejecutivo contempla la promoción de este tipo de colaboraciones a nivel nacional, especialmente en ciudades donde hay una gran demanda de vivienda en alquiler.
«¿El Gobierno prevé establecer programas específicos para facilitar que los ayuntamientos puedan comprar inmuebles destinados a vivienda social con financiación conjunta de empresas o entidades públicas?», interroga la dirigente de los Comunes al Ministerio.
Asimismo, exige a Vivienda que especifique si existe un camino para aumentar la oferta de vivienda social sin depender únicamente de la construcción de nuevos pisos, aprovechando la existencia de viviendas vacías y en desuso.
Finalmente, en caso afirmativo, pregunta si habrán mecanismos de control social y transparencia para garantizar que estas operaciones de compra realmente beneficien a las personas en situación de vulnerabilidad.
