MADRID 25 Mar. –
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha transmitido al Pleno celebrado este martes el «conflicto» originado por la intención de la Audiencia de Sevilla de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) al considerar que el TC se extralimitó al anular las sentencias de más de una decena de condenados por los ERE, incluidas las de los ex presidentes andaluces Manuel Cháves y José Antonio Griñán.
Según ha informado la corte de garantías, «el Pleno del TC ha realizado esta mañana una primera aproximación al conflicto planteado entre la obligación de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y su propia ejecutividad, y el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el proceso de ejecución de las sentencias constitucionales».
Fuentes jurídicas indican que se ha tratado de una «toma de contacto» donde los magistrados han expuesto opiniones «muy diversas», que van desde quienes defienden que la ley orgánica del TC «obliga a anular cualquier decisión contraria a la ejecución inmediata» de sus sentencias a quienes opinan que la doctrina del TJUE permite desoír las sentencias del TC cuando contravengan el derecho comunitario.
Según informó ‘El Español’ y confirmaron fuentes jurídicas, durante la reunión de la Sala Primera celebrada el pasado lunes, Conde-Pumpido ya expuso a los magistrados asistentes sus dudas sobre la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles puedan acudir a la corte comunitaria cuestionando la adecuación de las sentencias del TC en el derecho de la UE.
Conde-Pumpido lo mencionó en relación a un caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque también hizo referencia al ‘caso ERE’. Posteriormente, el tema fue tratado por los demás miembros del TC, reunidos en la Sala Segunda.
INFORME A LOS LETRADOS DEL TC
Las fuentes consultadas indican que Conde-Pumpido ya expresó su intención de encargar un informe a los letrados del TC para analizar la cuestión, aunque este martes aclaró que primero se recabarán las providencias dictadas por la Audiencia de Sevilla y el TSJM. Desde la sede de Domenico Scarlatti se asegura que «previsiblemente» se encargará dicho informe.
Las fuentes explican que, si bien es indiscutible que los jueces españoles pueden preguntar al TJUE cuando tengan dudas sobre la aplicación del derecho comunitario al caso que tienen en cuestión, no está tan claro que puedan hacerlo con respecto a sentencias del Tribunal Constitucional.
Aunque el objetivo del informe es determinar qué competencias tienen los jueces españoles en este contexto, reconocen que una de las posibilidades es que termine declarando la nulidad de la providencia en la que la Audiencia de Sevilla ha solicitado a las partes que se pronuncien sobre si procede preguntar al TJUE.
En esta providencia, a la que tuvo acceso se confirmó, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de emitir las nuevas sentencias de los ERE tras la anulación del TC, planteó que el TC «se ha extralimitado» con una «interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación».
La Audiencia de Sevilla pidió a las partes que se pronunciaran sobre si la doctrina fijada por el TC «incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción», evaluando en concreto una posible cuestión prejudicial ante el TJUE sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión.
