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Aclara que no afectará al actual fiscal general sino al que nombre el Gobierno que salga elegido en 2027.
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este martes que el Gobierno ha aprobado una reforma «estructural» de la Fiscalía que ha calificado de «absolutamente necesaria» para «fortalecer la autonomía» de la Fiscalía, de cara a la reforma ya prevista del modelo procesal, lo que implicará que la investigación penal pase de los jueces a los fiscales. El Gobierno calcula que el texto definitivo, con ambas reformas, iniciará su tramitación parlamentaria el próximo verano.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha explicado que se ha aprobado en primera vuelta la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que ahora se enviará a los órganos consultivos para que emitan los informes preceptivos. No obstante, ha indicado que el texto resultante se incorporará como disposición adicional al anteproyecto de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), que se anticipa que se aprobará en verano para enviarlo a las Cortes Generales.
El ministro ha señalado que se hará así para «garantizar que van absolutamente en paralelo», porque la reforma, clave, que conllevará la nueva LOECRIM será que los fiscales instruyan las causas penales, por lo que es imprescindible reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal, tal como ha recordado que han estado pidiendo no solo la propia institución sino el Consejo de Europa, entre otros.
En este sentido, ha considerado «absolutamente necesaria» esta reforma para «dar un paso decisivo en el reforzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal», a pesar de que, según ha afirmado, «ya cuenta con suficientes resortes» para velar por dicha autonomía.
De las novedades introducidas en el EOMF, ha destacado que el mandato del fiscal general se alargará a cinco años, desvinculando la duración de ambos, de modo que «cuando cambie el Gobierno no cambiará el fiscal general». Además, no podrá renovar su mandato, salvo si ha estado menos de un año, lo que permite un máximo de seis años en el cargo.
Bolaños ha querido aclarar que el actual jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, no se verá afectado por esta reforma del EMOF, ya que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, aplicándose al fiscal general que nombre el Gobierno elegido en 2027.
También ha destacado que podrá dejar el cargo, «por supuesto si dimite de manera voluntaria», o si se da alguna causa de incompatibilidad o incapacidad. Pero «el Gobierno nuevo no podrá cesar por pérdida de confianza al fiscal general que no haya cumplido su mandato de cinco años».
Y ello porque las causas de cese del jefe del Ministerio Público estarán tasadas, debiendo contar con el informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para un «incumplimiento grave o reiterado».
Interrogado sobre por qué no se cambia directamente la forma de nombrar al fiscal general, Bolaños ha razonado que eso implicaría una reforma constitucional, ya que el modo de designación está recogido en el artículo 124.4 de la Carta Magna, según el cual «será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ».
En cualquier caso, ha incidido en que con la reforma anunciada «la autonomía está absolutamente garantizada» porque no solo afecta al nombramiento del fiscal general, sino a «toda la estructura organizativa interna de la Fiscalía y todos los medios que tendrán los diferentes fiscales para instruir las causas».
Bolaños ha subrayado que, además del Consejo de Europa, «distintos ministros de Justicia de la democracia han deseado llevar a cabo esta reforma», incluidos algunos del PP. También el PP pedía «hace unos días» que se modificara el EOMF, ha recordado. «Bien, pues aquí está (…) Y espero que esto tenga una mayoría muy amplia en el Congreso», ha lanzado.
INJERENCIAS GUBERNAMENTALES «IMPOSIBLES»
Asimismo, ha resaltado «otras medidas para garantizar que sean imposibles las injerencias en las decisiones de la Fiscalía» por parte de quienes ejercen el Poder Ejecutivo. Estará expresamente prohibido que el Gobierno central o los autonómicos pidan a la Fiscalía «cualquier actuación en relación con un procedimiento penal concreto».
El fiscal general ya no tendrá la obligación de informar al Consejo de Ministros cuando sea llamado a tal efecto, algo que Bolaños ha enfatizado que «prácticamente no ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país». Las comunicaciones entre fiscal y Ejecutivo serán por escrito, a través del Ministro de Justicia y «tendrán que ver con el interés general», por lo que «serán públicas».
Bolaños también ha valorado que se avanzará en «la autonomía organizativa del Ministerio Fiscal» porque el Gobierno ya no intervendrá en «los ascensos y promociones de los distintos fiscales» ni en el régimen disciplinario, aspectos donde el Ministerio de Justicia tiene actualmente un papel relevante.
Igualmente, ha ensalzado que «se refuerza de manera extraordinaria el papel de la Junta de Fiscales de Sala», que podrá establecer un criterio diferente al que tenga el fiscal general cuando, por mayoría de 3/5, tengan una opinión distinta a la propuesta por el jefe del Ministerio Público. Con ello, se busca «un funcionamiento más colegiado».
Por otro lado, ha mencionado que la Fiscalía asumirá competencias que hoy tienen otros órganos: se encargará del registro de las asociaciones de fiscales y de controlar su financiación, que no podrá ser privada.
LOS FISCALES INSTRUCTORES
El ministro ha anunciado que la reforma también busca equiparar el estatus de los fiscales al de los jueces para que puedan hacerse cargo de las investigaciones penales. A este respecto, ha detallado que «la forma de designación del fiscal o fiscales competentes para la instrucción» corresponderá al fiscal jefe, quienes estarán sujetos a causas de abstención y recusación similares a las que ya rigen para jueces y magistrados.
En línea con esas nuevas funciones, ha avanzado que «el Ministerio Fiscal tendrá una competencia que hoy tienen jueces y magistrados», que es la de imponer sanciones a quienes no colaboran con las investigaciones judiciales, así como hacerse cargo de la Policía Judicial.
LA FISCALÍA EUROPEA
Por otro lado, ha especificado que la reforma del EOMF regulará también las relaciones entre la Fiscalía española y la Europea (EPPO), que ya investiga las causas penales que afectan a fondos europeos. «Hoy por hoy, se producen distintas cuestiones que no están reguladas», ha dicho, por lo que conviene que se regulen para fomentar esa colaboración.
Así, ha apuntado al «necesario intercambio de información», explicando que, «en caso de discrepancia», se arbitrará un sistema que llevará a que decida el fiscal general del Estado.
«Creemos que esta reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es un avance definitivo para que la Fiscalía pueda ser eficaz en el desarrollo de sus nuevas competencias», ha concluido.
