
MADRID 7 Mar. –
Un tribunal federal de Estados Unidos ha **anulado el cese** de la directora de la Junta Nacional de Relaciones Laborales –la agencia federal responsable de proteger los derechos de los trabajadores del sector privado– que fue ordenado en enero por el presidente Donald Trump, en el marco de sus esfuerzos centralizadores para **disolver organismos de control independientes** en el país.
Trump decidió cesar a Gwynne Wilcox, quien fue nombrada por su predecesor Joe Biden, argumentando que la directora no estaba actuando «de manera consistente» con los objetivos del mandatario. Wilcox, al igual que otros directores de agencias federales independientes, solo puede ser destituida si se prueba que ha cometido negligencia en su trabajo.
En su dictamen, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito de Columbia, Beryl Howell, critica la conducta de Trump. «El presidente de Estados Unidos no es un monarca y su poder para destituir funcionarios federales no es absoluto; en ciertas circunstancias puede ser limitado», establece en su fallo, que se encuentra disponible en el sitio web de la Judicatura estadounidense.
La jueza también se opone a la **»teoría del ejecutivo unitario,»** que sostiene que el Presidente de Estados Unidos es la máxima fuente de autoridad, fundamentando así numerosas órdenes ejecutivas firmadas por Trump desde que asumió el poder, muchas de las cuales están siendo impugnadas por los tribunales y rechazadas por varios jueces que las consideran un ataque a la separación de poderes.
«La estructura misma de la Constitución está diseñada para asegurar que ninguna rama del Gobierno tenga poder absoluto, sin importar las ineficiencias que pueda mostrar este sistema», declara la jueza antes de concluir que «el presidente no tiene la autoridad para despedir a los miembros de la Junta Nacional de Relaciones Laborales a voluntad, y su intento de despedir a la demandante ha constituido una clara violación de la ley».
Esta decisión judicial, del pasado jueves, es la última en limitar el **poder de Trump**. Por ejemplo, el mes pasado, otro magistrado suspendió una orden ejecutiva que pretendía terminar con la **ciudadanía por derecho de nacimiento,** considerándola potencialmente «inconstitucional,» lo que marca el cuarto revés a esta medida emitida el primer día de su mandato.
En respuesta, la Casa Blanca ha afirmado que el sistema judicial está generando una «crisis constitucional.» La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, señaló el mes pasado que «jueces en distritos liberales están abusando de su poder para bloquear de manera unilateral la autoridad ejecutiva fundamental del presidente.»
Sin embargo, los jueces están facultados para hacerlo, ya que las órdenes ejecutivas presidenciales no constituyen en sí mismas **una ley** –la legislación nacional es aprobada por el Congreso de Estados Unidos y ratificada (o vetada) por el presidente– y están sujetas a un proceso de revisión judicial para garantizar su conformidad con la **Constitución estadounidense**.
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